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Lunes, 20 de noviembre de 2017
Publicado en OPINION Martes, 10 de octubre de 2017 18:00

Las empresas catalanas se acogen a España

Fernando G. Urbaneja | Con urgencia, incluso con el socorro de un decreto ley específico aprobado por el gobierno español a última hora, los consejos de administración de la mayor parte de las empresas cotizadas domiciliadas en Cataluña han cambiado sus sedes sociales a territorio bajo amparo jurídico español el pasado fin de semana.

 

La decisión revela por un lado improvisación y, por otro, miedo. Improvisación por cuanto indica que esos consejos no tenían previsto en sus mapas de riesgo el de un secesión con todo lo que implica. Y miedo porque la quiebra del estado de derecho que impone la secesión introduce incertidumbres insoportables para las empresas y más en concreto para los bancos.

 

El hecho que ha precipitado la decisión de los bancos, Sabadell y Caixa, que fueron los primeros en mover esa ficha, no fue otro que la inesperada retirada de depósitos de los bancos catalanes, especialmente entre su clientela catalana, ante el temor de que las entidades quedaran fuera del amparo del sistema de supervisión y de garantía de depósitos europeo. A los bancos han seguido otras empresas cotizadas alarmadas por el riesgo de que sus rating se vieran afectados por el proceso de secesión. La calificación de la deuda catalana es de bono basura (a la baja) sin apenas operaciones y esa nota se filtra , antes o después, a las entidades de esa bandera.

 

La decisión de los consejos de trasladar sus sedes tiene más efectos emocionales y de imagen que fiscales. Son pocos los impuestos que van a cambiar de ventanilla pero el efecto reputacional es inmenso. Más aun cuando los dirigentes secesionistas y sus ideólogos han insistido durante los últimos meses que la independencia no provocaría huida de empresas. Se equivocaron o, simplemente mintieron. Algo semejante ocurre con la integración en Europa, los secesionistas han insitido e insisten en que seguirán siendo socios de la UE, pero no sería posible y lo han advertido todas las instancias comunitarias. Otro de los supuestos de la secesión, su amparo en la legislación internacional, tampoco puede soportarse en la doctrina académica y política. Todo lo cual complica el reconocimiento de la independencia y sin reconocimiento solo estamos ante un acto de jactancia que tiene como fatal consecuencia que la democracia española quede quebrantada y la sociedad catalana fracturada y enfrentada. 

 

El traslado de las sedes sociales es un hecho mercantil, administrativo, con pocas consecuencias prácticas en otros ámbitos, pero tiene un potente efecto reputacional para los independentistas y para Cataluña, por lo que supone de desconfianza ante la aventura secesionista que desborda el orden constitucional.

 

 

Las empresas cotizadas de Cataluña prefieren el amparo de la legislación española antes de la incertidumbre de un presunto estado que puede nacer sin contenido ni reconocimiento.  

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