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Publicado en OPINION Miércoles, 11 de abril de 2018 08:00

Las pensiones y su sostenibilidad

Luis Alcaide | La amplitud de las manifestaciones por la subida del 0,25 por parte del colectivo de pensionistas confirma el título del estudio del FMI sobre el régimen español: “Retos más allá de la sostenibilidad financiera”.

 

El FMI subraya como la población española, al igual que la de otras economías avanzadas, envejecerá en los próximos años. El número de pensionistas crece más rápido que el de los trabajadores activos. En tanto que el salario medio empieza a situarse a la mista altura o por debajo de la pensión media. En 2007 el número de pensionistas fue de 6,4 millones y en 2017 de 9,6 millones. Estos parámetros son todo un reto para cualquier actuario de seguros hasta el punto de que la Seguridad Social estima que entre 2017 y 2022 el déficit entre cotizaciones y prestaciones será de 11.719 millones de euros. Otro estimador, imparcial y riguroso, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lleva la previsión del déficit hasta 16.144 millones de euros.

 

Cuentas públicas amenazadas y una peligrosa invitación a hacer uso de la deuda pública. La Comisión Parlamentaria que conforma el Pacto de Toledo ya introdujo algunas correcciones incluido el aumento de la edad de jubilación. El ex presidente Zapatero congeló las pensiones en plena crisis de la burbuja por lo que recibió una despiadada crítica del PP. Ahora la economía crece en términos de euros por encima del 4% y el gobierno se limita a proponer una modestísima alza del 0,25% con la buena y prudente intención de contener el déficit y el endeudamiento público.

 

La continuidad de estos ajustes estabilizadores tropieza con las esperanzas de quienes confiaban que sus cotizaciones les proporcionarían un confortable nivel de ingresos para la jubilación. Esos retos (challenges) que detecta el FMI. Pero las cosas no han salido como se esperaban. Hay que empezar por resintonizar.

 

El gasto de los casi tres millones de pensionistas que perciben entre 1.200 y 2.500 euros representa la mitad de la nómina total. Quizá podía empezarse congelando las prestaciones de este colectivo. Esta incomodísima medida seria consistente con el tope de pensión máxima actualmente vigente y que es un reconocimiento igualitario comparable a lo que sucede con el impuesto sobre la renta. En efecto, la mayor tributación por el IRPF no significa ningún tipo de preferencia en el disfrute de los bienes públicos desde los servicios sanitarios hasta el ancho de las carreteras para el automóvil del gran contribuyente. Por el lado de las cotizaciones también habrá que sintonizar los techos de cotización. Si no hay ningún tope a la base tributaria en el IRPF por qué mantenerlo en el de las cotizaciones. Este tipo de correcciones son sin duda incomodísimas pero además no garantizan la sostenibilidad del actual régimen de reparto en el que un número relativamente menor de activos peor pagados financia a un número mayor y creciente de pensionistas. Ni los empleos son ya tan fijos como fueron ni las pensiones tampoco se consolidan como la única fuente de ingresos del jubilado.

 

Una transformación política y social verdaderamente traumática. Un mensaje ineludible para el Pacto de Toledo en el que el bien común y no las diferencias políticas en busca de votos del colectivo de jubilados sea la señal que marque el camino. Del mismo modo que en el pasado se articuló un sistema de protección social resultaría inexplicable no ser capaces de reactualizarlo en estos tiempos de mayor riqueza e innovaciones tecnológicas y científicas de gran calado. La esperanza de vida biológica sigue creciendo y por qué no lo iba a hacer también la esperanza de vida social.  

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