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Publicado en BANCO SANTANDER Martes, 06 de febrero de 2018 00:00

El BCE mantiene el secretismo sobre la caída de Banco Popular

Alexandre Mato (Bruselas) | Siete meses después de la intervención del Banco Popular por parte de la Junta Única de Resolución, JUR, conocemos el nombre en clave de la entidad, las quejas de la consultora al realizar en tiempo exprés su valoración planteando diferentes escenarios de depreciación de activos y también la “posición de liquidez apremiante” que sufría el banco.

 

Lo que no son públicas, ni siguiera en el informe no confidencial de Deloitte sobre el Popular, son las posiciones de liquidez, las garantías, colaterales, ofrecidas para acceder a la ventanilla de emergencia de Frankfurt o qué cantidad habrían recuperado los acreedores si se hubiese producido una insolvencia al margen de las normas de la Unión Bancaria. Datos tachados en negro en los documentos publicados este viernes 2 de febrero. El BCE no quiere que se difundan. Fuentes de la JUR reconocen que “la cantidad del ELA es una de las cuestiones que levantaron las objeciones del BCE, explícitamente dijeron que era algo confidencial y que no debería ser publicada”.

 

El organismo encargado de resolver las entidades sistémicas de la eurozona ha publicado las dos valoraciones sobre la situación del Banco Popular, una salida de sus entrañas en el corazón de Bruselas y con fecha del 5 de junio de 2017, la segunda el informe no confidencial de Deloitte. También, la carta del proceso de venta y la decisión de resolver la entidad, como exigían la Corte de Apelación de la propia JUR o el Congreso de los Diputados.

 

En su informe, Deloitte destaca que solo tuvo 12 días para valorar al Popular, “un periodo de tiempo extremadamente corto”, según el documento, con una “posición de liquidez apremiante” en la entidad. “Normalmente esperaríamos que un proyecto de esta naturaleza llevase al menos seis semanas (como inicialmente se había acordado entre la JUR y nosotros el 23 de mayo de 2017)”, se queja Deloitte. Apenas cinco días después, la situación del Popular debía ser tan grave que ambas partes decidieron priorizar la valoración con la información disponible, centrándose solo en los activos clave y en el pasivo donde existiese una considerable incertidumbre en la valoración.

 

Popular se desangraba por una masiva salida de depósitos, pero el BCE tampoco quiere, siete meses después de la intervención, que se publiquen esos datos. “El Popular accede a la liquidez del BCE, por lo tanto, depende de ellos, igual que la salida de depósitos”, dicen desde la Junta, “es información del BCE y no ha accedido a publicarla”.

 

En esos días el Banco Popular fue Hipócrates en honor al griego considerado padre de la medicina moderna. Es el nombre en clave que le otorgó la Junta, igual que hace con todos los bancos a los que vigila, explican desde el organismo, y el que aparece en el informe de Deloitte, 22 páginas con el título “Informe sobre la Valoración Provisional de Hipócrates, escenario de la venta del negocio”, donde plantea que debe considerarse como escenario de resolución “la venta total del banco en un proceso abierto, justo y competitivo”.

 

La publicación de la valoración no confidencial confirma los tres escenarios a los que se sometió el Banco Popular y que se filtraron después de su resolución. En el peor, tenía un déficit ajustado de capital de 8.000 millones de euros, en el mejor apenas contaba con 1.300 millones y en el escenario base utilizado, por culpa de la depreciación de sus activos, el agujero era de 2.000 millones. La novedad conocida ahora es que Deloitte elaboró estas previsiones con datos a 31 marzo de la entidad, no actualizaban el deterioro del balance vivido a lo largo de mayo y los primeros días de junio. Tampoco se contempló el Business Plan de la entidad porque la propia Junta no tuvo acceso a él. “Está claro que el banco en los días de la elaboración de la valoración no pudo responder a todas nuestras preguntas”, reconoce una fuente del organismo.

 

La delicada situación patrimonial del Banco Popular era tal que en cualquiera de los escenarios, incluso en el más favorable, debía aplicar ajustes en su cartera de préstamos, 2.700 millones de euros en el mejor de los casos; tenía un agujero en torno a los 3.000 millones en activos inmobiliarios y superior a 2.000 millones en bienes intangibles. Solo su capital consolidado de 10.800 millones en marzo de 2017 le salvaba de la quema. Por eso, en el más escenario más favorable, el Popular tenía un déficit de 11.800 millones de euros, en el base era de 14.700 millones y en el más duro la cifra se disparaba a 20.600 millones de euros. “A posteriori siempre se puede valorar qué se hizo y qué no se hizo, pero es evidente que la gestión no fue buena”, reconoce una alta fuente bancaria española.

 

Siete meses después de su resolución y venta por un euro, los datos sobre la caída del Popular son públicos, “ahora vemos que Banco Popular es estable, que no hay riesgo para la estabilidad financiera”, justifican desde la JUR para la demora. La verdad, sin embargo, es solo parcial porque falta información clave para saber cómo se secó el que había sido el mejor banco español por eficiencia.  

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